A lo hecho…

El Gobierno decidió seguir los dictados de un grupo de presión (SGAE) claramente intervencionista y con un marcado sesgo liberticida y recaudador (perdón por la redundancia). Así nació el impuesto sobre los cd y dvd, así como todo soporte susceptible de ser “copiado”. Pero resulta que en España ese canon es ilegal, porque contradice varios principios básicos de Justicia y, otra sentencia más, nos lo recuerda (via AI):

“Aplicando tal línea jurisprudencial al presupuesto que nos ocupa resulta que existe una compra realizada por el actor en el que adquiriendo cuatro CDRom vírgenes por un precio total de 3,40 euros, de los cuales 0,84 euros (0,21 euros por cada uno de los cuatro soportes adquiridos) a la cual se le aplica igualmente el IGIC (5%), se corresponden con el concepto ‘Canon propiedad intelectual’, resulta que el material adquirido (4 CDRom vírgenes), tiene un amplio campo de posibilidades, en lo que a su utilización se refiere, que en ningún caso viene circunscrito a ser soporte de obras literarias, artísticas o científicas de ajena pertenencia, llegando (cabe incluso que uno de esos cuatro soportes adquiridos y objeto de la compraventa objeto de la presente causa sea el entregado en la Secretaría de este Juzgado a fin de conseguir copia del acto del juicio pretendida por la parte actora), por lo que la repercusión de remuneración por copia privada realizada por la entidad demandada e incompareciente no es subsumible dentro de los supuestos contenidos en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que debe entenderse que el cobro de tal cantidad supone un cobro indebido�.

Sentencia que, como consecuencia del sistema judicial y legal español, tendrá poca incidencia más allá del caso concreto. ESo sí, aunque este tipo de sentencias se multipliquen ningún partido político, ni institución como el Defensor del “pueblo”, se les ocurrirá recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y esto porque el TC es el único capaz de anular esas disposiciones injustas y que suponen un “cobro indebido”.

Regulación y desabastecimiento.

La administración ha desarrollado una furibunda campaña de regulación en sectores tradicionalmente considerados “estratégicos”, desde siempre y en todos los países. Lo más sorprendente del gobierno socialista es que esa regulación se ha extendido a sectores no estratégicos, como las empresas farmacéuticas.

Las empresas farmacéuticas se dedican a investigar y producir medicamentos, pero al Estado esta actividad le parece sospechosa asíq ue la regula y, además, establece criterios para acceder al mercado y precios máximos.

La ley dice, en su preámbulo, lo siguiente:

 Se modifica también en esta ley el sistema de precios de referencia para posibilitar los necesarios ahorros al Sistema Nacional de Salud y asegurar la previsibilidad, la estabilidad y la gradualidad en el impacto para la industria farmacéutica, afectando a todos los medicamentos en fase de madurez en el mercado.

Lo mejor es que, el legislador sabe que, reduciendo los precios e impidiendo la libre concurrencia de empresas asegura desabastecimiento. Asimismo la intervención de las autoridades regionales de las comunidades autónomas introduce un inquietante aspecto de inseguridad jurídica en todo el proceso de fijación de precios. Por si esto fuera poco, la ley asegura un descenso de los precios que significará un descenso real del sector farmacéutico como consecuencia de la inflación, el director general de farmaindustria alertó sobre esta situación:

(…)esta medida podrá tener ‘consecuencias de tipo sanitario’, porque ante tal rebaja de precios la compañía responsable de uno de estos productos ‘podría dejar de fabricarlo en España’, hasta el punto de que ‘podría llegarse al desabastecimiento de ese producto’(…)

Y es que tampoco hace falta ser muy inteligente, si el producto que se vende deja de ser rentable las empresas dejarán de ofrecerlo. Y como el Estado impide que nuevas empresas concurran al sector…

Para evitar esto la administración no duda en conculcar el derecho a la propiedad de las farmacéuticas asegurando que sus stocks no les pertenencen, sino que son del pueblo todo y tienen la obligación de entregarlos en cuanto una farmacia se lo pida. Demencial porque así se evita el desabastecimiento a corto plazo, siempre que la industria obedezca sumisa, pero se garantiza a medio y largo plazo porque la industria comprenderá que tener stocks de productos no rentables -como consecuencia de leyes intervencionistas- es una pérdida de dinero. Estamos hablando de una industria que supone más de 40.000 empleos y más del 20% de la I+D.

En el mismo sentido se pronuncia un estudio de Gaceta sanitaria:

(…) la excesiva regulación de precios puede tener efectos perversos que no permiten que la competencia se traslade completamente a los precios finales de venta de los fármacos, ni aprovechar la nueva coyuntura para reducir el gasto farmacéutico.

En definitiva, el Estado no puede proveer medicamentos baratos, todo lo que puede hacer es espantar a los productores y, por tanto, desabastecer el mercado. Si realmente queremos medicamentos baratos la solución no pasa porque el Estado extorsione a la industria, la solución consiste en disminuir la legislación, especialmente la de precios y la que restringe el acceso, para que una mayor oferta signifique un menor precio:

De la misma manera que si queremos pan más barato no se nos ocurriría sabotear las panaderías, si queremos más y mejores medicamentos no deberíamos esclavizar a las industrias farmacéuticas.