Huelga o sabotaje?

Todos conocemos el significado de la palabra “huelga” y aunque conocemos el significado de la palabra “sabotaje” y lo asociamos a lo ilícito rara vez establecemos esa asociación con la palabra “huelga”. A pesar de la última sentencia, de la que hablé aquí,  aún muchos no se han enterado de que los sindicatos que usan la fuerza para negar el derecho de las personas a trabajar son organizaciones mafiosas.

El último ejemplo de mafias sindicales lo tenemos en Madrid, concretamente en el Metro, con una huelga-sabotaje de los sindicatos contra el Metro. Es importante recordar qeu esta situación ya se ha producido anteriormente cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y qeu entonces sí se cedió a las presiones de las mafias sindicales.

Ahora no está Gallardón al frente y la actuación de la comunidad de Madrid es diferente:

(Esperanza Aguirre)Ha insistido en que estas empresas están “incumpliendo ostensiblemente, de forma manifiesta y reiterada las obligaciones que tienen que cumplir” y que no sólo no limpian las dependencias del metro sino que además lo ensucian adrede, llegando incluso a volcar contenedores y a “esparcir porquería” para agravar aún más la situación.

Aguirre ha recordado que durante seis años fue concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid y que en ese tiempo tuvo que soportar “huelgas de todo tipo”, por lo que en esta ocasión, y dado que la Comunidad es la responsable de contratar los servicios de limpieza de Metro, ha decidido aplicar la máxima sanción para atajar la falta de salubridad.

El resto aquí. Sí es importante hacer notar que la presidenta de la Comunidad deja claro que la externalización de servicios implica un contrato según el cual las empresas asumen la obligación de prestar el servicio externalizado y que, de no prestarse se produciría la extinción del contrato. Es lo que se conoce como sentido común.

Cambios

Hemos hecho un cambio en el aspecto del blog, quisiera aprovechar para agradecer a quien lo ha hecho posible, pero aún faltan algunas cosas principalmente porque no tengo tiempo para atender el aspecto exterior del blog.

 Sí me gustaría agradecer a todos por el esfuerzo que hacéis para entrar en mi blog, y por el trabajo que lleva detrás de muchas personas. A todos, muchas gracias.

Buena noticia.

En condiciones normales no espero mucho de los tribunales de organismos colectivos como los de la UE, y menos cuando se trata de delimitar la continua ilegalidad en que recáen los Sindicatos a la hora de vulnerar los derechos de los trabajadores y de los empresarios.

Pero esta vez la cosa es diferente, desde luego ha tenido que ser algo realmente duro para que un tribunal como este dicte una sentencia contra sindicatos, pero poco a poco.

Los jueces europeos concluyeron que “una medida de conflicto colectivo que consiste en el bloqueo de las obras constituye una restricción a la libre prestación de servicios que, en el presente asunto, no está justificada con arreglo al objetivo de interés general de la protección de los trabajadores”.

La cosa es sencilla, pese a que los jueces intentan nadar y guardar la ropa, es muy sencillo. Los sindicatos no puede usar la fuerza para imponer su opinión a las empresas y a los trabajadores. Y si lo hacen se convierten en organizaciones mafiosas.

PNV y la Constitución.

En España, como en otros lugares, tenemos un marco legal de referencia que rige la vida política y civil, que impregna todo el aparato del Estado y las leyes. Un marco constitucional con un notable sesgo socialista y carente de buenas intenciones pese a sus referencias a la “libertad”. El marco Constitucional contienen notables ejemplos de intervencionismo, pero pocos tan patentes como el artículo siguiente:

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

Y es qeu, igual que con las referencias a los símbolos nacionales, nuestra constitución es tan violada que parece una furcia en un bar de carretera. Pretender que es compatible este artículo, con organizaciones políticas que persiguen la secesión territorial, es como suponer que se puede llegar a una simbiosis con un cáncer de laringe.

El Gobierno ignora, y obliga al resto del Estado por aquello de la separación de poderes -otra violación-, a mirar hacia otro lado ante asociaciones como ANV, pero no solo. También ante partidos como el PNV, CiU, y otros, que se autotitulan “nacionalistas” y persiguen enterrar la misma constitución, impunidad para quienes queman al rey, o el fin de la violencia pero el inicio de la negociación para la secesión. Dice Rubalcaba -el del  PNV-:

la Policía y la Ertzaintza deben actuar contra el terrorismo, pero la cuestión política se soluciona alrededor de una mesa, hablando

El planteamiento de los partidos nacionalistas, eufemismo para no decir secesionistas, es bien sencillo: Contra la violencia valen los recursos del Estado de Derecho, pero contra la secesión dialogo, dialogo, y más dialogo.

Pero todos sabemos en qué términos se plantea ese dialogo, en el de la cesión, o en el de la amenaza.  Todos sabemos lo que la Constitución reserva a partidos que persiguen fines anticonstitucionales. Todos menos el Estado, que está más preocupado intentando que nos sintamos culpables por quienes no pagan la extorsión pública. Alguién debería recordar a nuestros “representantes” que cuando el Estado no se usa para defender leyes justas, no merece existir.

Incumpliendo los pactos.

En condiciones normales se presupone que hay un pacto cuando se entrega una cosa a condición de otra. Los pagos que se hacen a la seguridad social, pese a ser coactivos, responden a esta relación.

El Estado recauda porque, con ese dinero, cumplirá con su parte y pagará una pensión a los trabajadores en unas condiciones sobreeentendidas.  Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se da esa misma situación en un entorno civil? Pues que las partes vienen obligadas a cumplir los términos de acuerdo tácito, que tiene carácter de contrato y si una de las partes incumple la otra puede recurrir a los tribunales.

Pero si el Estado altera unilateralmente las condiciones por las que prestará el servicio por el que roba a los trabajadores, no hay nada que hacer porque el monopolio de la Justicia lo tiene, también, el Estado. Dicho de otra forma, a quién podríamos quejarnos es quién incumple lo acordado. Y es que el Estado tiene, como definición de Justicia la siguiente: “Aquello que más me convenga”. Y si lo que le conviene es estafar a una generación que está a punto de jubilarse, pues les estafa; lo que significaría el fin de una empresa aseguradora es, en este caso, una reseña en los periódicos.

La mayor parte de los países industrializados del mundo tienden a elevar la edad obligatoria de jubilación, ya que el aumento de la esperanza de vida de las poblaciones obliga a controlar el aumento de los costes de Seguridad Social.

Así concluye el trabajo elaborado por Mercer y hecho público hoy, que analiza datos de legislación en materia de pensiones de 47 países del mundo y de distintos continentes. Noruega y Estados Unidos son los países con edades de jubilación más altas, por encima de los 65 años, mientras que China, Columbia, República Checa, Indonesia, Italia, Rusia y Eslovaquia tienen parte de la población con edad de jubilación por debajo de los 62 años.

Y es que, al fin y al cabo, el Gobierno está compuesto por personas y las personas tienden a aprovecharse de las situaciones en las que tienen el monopolio de la violencia. Como decía Aristóteles, es temible el qeu está a disposición de los demás.