PNV y la Constitución.

Maestre_de_Campo

En España, como en otros lugares, tenemos un marco legal de referencia que rige la vida política y civil, que impregna todo el aparato del Estado y las leyes. Un marco constitucional con un notable sesgo socialista y carente de buenas intenciones pese a sus referencias a la “libertad”. El marco Constitucional contienen notables ejemplos de intervencionismo, pero pocos tan patentes como el artículo siguiente:

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

Y es qeu, igual que con las referencias a los símbolos nacionales, nuestra constitución es tan violada que parece una furcia en un bar de carretera. Pretender que es compatible este artículo, con organizaciones políticas que persiguen la secesión territorial, es como suponer que se puede llegar a una simbiosis con un cáncer de laringe.

El Gobierno ignora, y obliga al resto del Estado por aquello de la separación de poderes -otra violación-, a mirar hacia otro lado ante asociaciones como ANV, pero no solo. También ante partidos como el PNV, CiU, y otros, que se autotitulan “nacionalistas” y persiguen enterrar la misma constitución, impunidad para quienes queman al rey, o el fin de la violencia pero el inicio de la negociación para la secesión. Dice Rubalcaba -el del  PNV-:

la Policía y la Ertzaintza deben actuar contra el terrorismo, pero la cuestión política se soluciona alrededor de una mesa, hablando

El planteamiento de los partidos nacionalistas, eufemismo para no decir secesionistas, es bien sencillo: Contra la violencia valen los recursos del Estado de Derecho, pero contra la secesión dialogo, dialogo, y más dialogo.

Pero todos sabemos en qué términos se plantea ese dialogo, en el de la cesión, o en el de la amenaza.  Todos sabemos lo que la Constitución reserva a partidos que persiguen fines anticonstitucionales. Todos menos el Estado, que está más preocupado intentando que nos sintamos culpables por quienes no pagan la extorsión pública. Alguién debería recordar a nuestros “representantes” que cuando el Estado no se usa para defender leyes justas, no merece existir.