Regulación y desabastecimiento.

Maestre_de_Campo

La administración ha desarrollado una furibunda campaña de regulación en sectores tradicionalmente considerados “estratégicos”, desde siempre y en todos los países. Lo más sorprendente del gobierno socialista es que esa regulación se ha extendido a sectores no estratégicos, como las empresas farmacéuticas.

Las empresas farmacéuticas se dedican a investigar y producir medicamentos, pero al Estado esta actividad le parece sospechosa asíq ue la regula y, además, establece criterios para acceder al mercado y precios máximos.

La ley dice, en su preámbulo, lo siguiente:

 Se modifica también en esta ley el sistema de precios de referencia para posibilitar los necesarios ahorros al Sistema Nacional de Salud y asegurar la previsibilidad, la estabilidad y la gradualidad en el impacto para la industria farmacéutica, afectando a todos los medicamentos en fase de madurez en el mercado.

Lo mejor es que, el legislador sabe que, reduciendo los precios e impidiendo la libre concurrencia de empresas asegura desabastecimiento. Asimismo la intervención de las autoridades regionales de las comunidades autónomas introduce un inquietante aspecto de inseguridad jurídica en todo el proceso de fijación de precios. Por si esto fuera poco, la ley asegura un descenso de los precios que significará un descenso real del sector farmacéutico como consecuencia de la inflación, el director general de farmaindustria alertó sobre esta situación:

(…)esta medida podrá tener ‘consecuencias de tipo sanitario’, porque ante tal rebaja de precios la compañía responsable de uno de estos productos ‘podría dejar de fabricarlo en España’, hasta el punto de que ‘podría llegarse al desabastecimiento de ese producto’(…)

Y es que tampoco hace falta ser muy inteligente, si el producto que se vende deja de ser rentable las empresas dejarán de ofrecerlo. Y como el Estado impide que nuevas empresas concurran al sector…

Para evitar esto la administración no duda en conculcar el derecho a la propiedad de las farmacéuticas asegurando que sus stocks no les pertenencen, sino que son del pueblo todo y tienen la obligación de entregarlos en cuanto una farmacia se lo pida. Demencial porque así se evita el desabastecimiento a corto plazo, siempre que la industria obedezca sumisa, pero se garantiza a medio y largo plazo porque la industria comprenderá que tener stocks de productos no rentables -como consecuencia de leyes intervencionistas- es una pérdida de dinero. Estamos hablando de una industria que supone más de 40.000 empleos y más del 20% de la I+D.

En el mismo sentido se pronuncia un estudio de Gaceta sanitaria:

(…) la excesiva regulación de precios puede tener efectos perversos que no permiten que la competencia se traslade completamente a los precios finales de venta de los fármacos, ni aprovechar la nueva coyuntura para reducir el gasto farmacéutico.

En definitiva, el Estado no puede proveer medicamentos baratos, todo lo que puede hacer es espantar a los productores y, por tanto, desabastecer el mercado. Si realmente queremos medicamentos baratos la solución no pasa porque el Estado extorsione a la industria, la solución consiste en disminuir la legislación, especialmente la de precios y la que restringe el acceso, para que una mayor oferta signifique un menor precio:

De la misma manera que si queremos pan más barato no se nos ocurriría sabotear las panaderías, si queremos más y mejores medicamentos no deberíamos esclavizar a las industrias farmacéuticas.
 

 

El Estado contra la Constitución

Maestre_de_Campo

Este largo puente es uno de los pocos puentes no religiosos que disfrutamos en España, y una vez sabido que los españoles no trabajamos menos horas que, por ejemplo, los alemanes, ya no parece haber las protestas de antaño contra los puentes en España.

En concreto este puente responde al nombre de “de la Constitución”, porque en estas fechas, hace casi 30 años, se aprobó la Constitución española de 1978. Sobre el caracter ilegítimo y socialista de alguno de sus artículos ya hemos hablado, y sobre la asunción que de los postulados ilegítimos y socialistas hace el Tribunal Constitucional también.

Vamos con la eficacia de las normas constitucionales y de qué forma son subvertidas por los órganos del Estado, especialmente el TC, veamos el art. 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No parece necesario hacer un análisis jurídico profundo para entender que este artículo significa el fin de cualquier discriminación de las personas por la ley.  Pero al parlamento no parece importarle, a pesar del juramento que hacen los parlamentarios y de su reglamento, aprobar leyes como la 1/2004 que lleva la fecha de 28 de Diciembre -parece una broma-.

La ley dice en su exposición de motivos -importante para conocer la voluntad del legislador y evitar, entre otras cosas, el fraude de ley-, lo siguiente:

Al parecer la ley no conoce la realidad española(cito el Varón Castrado):

(…)para situar la llamada “violencia de género” (…) conviene no perder de vista el ranking europeo de “feminicidios”. En esta macabra carrera hacia la muerte, España se sitúa entre los países más pacíficos de Europa, con tasas de asesinatos de mujeres entre ods y cinco veces por debajo de Rumania, Bélgica, Austria, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania o Reino Unido (…)

El legislador dice “especial incidencia” pero no tenemos claro a qué se refiere, porque no lo aclara. Pero no es óbice, para el legislador, contrariar la realidad, porque ello le faculta para ir contra la constitución. Sigue el legislador:

Qué entiende el legislador por “socialización y educación” parece que se manifiesta de manera clara en actitudes contrarias a la libertad, especialmente en la imposición de un modelo moral, social, y educativo, desde el Estado contra los individuos -en este caso los de la Y en su par de cromosomas-. Un poco más adelante nos lo aclara:

 

 

Se introducirá un “nuevo miembro”, sin duda parece salido de las leyes sobre el Ejército que promulgaron los Bolcheviques, eso sí,  ellos para introducir en el Ejército un Comisario del Pueblo que vigilara por la ortodoxia de la institución. Por supuesto los nuevos miembros salen de las generosamente financiadas organizaciones feminazis, como la Themis.

Así el legislador reforma el art. 153 del Código Penal para asignar una pena diferente a la misma conducta en función de los cromosomas que determinan el sexo de quién la produce, doblando las penas cuando el hombre agrede a su pareja, pero dejándolas igual cuando es al revés. Porque lo importante no es acabar con la violencia, ni con la violencia en el matrimonio. Lo importante es acabar con la violencia contra las mujeres, y como la violencia contra las mujeres solo la ejercen quienes no son mujeres, ellos son el objetivo; en el mismo sentido se articula la subversión de todo el orden procesal, tanto civil como penal, y sobre todo de la creación de una gran cantidad de organismos -en los que se subsidian a feminazis- para contribuir a la criminalización del hombre: